La fiscalía militar de la ciudad de Misurata, ubicada a unos 210 kilómetros de esta capital, sentenció ayer a la pena máxima al hombre fuerte del oriente de Libia por el bombardeo en 2019 contra la Escuela de Defensa Aérea de la urbe, que causó una víctima fatal.
El ataque aéreo contra esa instalación fue parte de la ofensiva de las tropas de Haftar contra las máximas autoridades libias reconocidas entonces por la comunidad internacional.
La pena máxima también fue dictada contra varios colaboradores militares de Haftar, entre ellos Abdelrazik Al Nathori, Saqr Al Jeroushi, Abdelsalam Al Hassi.
La prensa nacional se hizo eco en primeras planas de la noticia, pero los sectores vinculados al uniformado mantienen silencio.
Acusado en varias oportunidades de diversos crímenes durante el conflicto, Haftar es uno de los principales candidatos en los comicios presidenciales del 24 de diciembre, junto con otras figuras de nivel como el titular del Parlamento, Aqilah Saleh, y el primer ministro interino Abdul Hamid Dbeiba.
El fallo coincidió con la irrupción de hombres armados vinculados al mariscal en la sede del Tribunal de Apelaciones de la suroccidental ciudad de Sabha mientras se valoraba un recurso de apelación presentado por Saif al Islam, hijo de derrocado Muamar Gadafi.
Los abogados de Saif reclamaron tras la decisión de la Alta Comisión Nacional Electoral de excluirlo de la carrera por el sillón presidencial.
La comunidad internacional considera clave esos comicios para intentar terminar con la espiral de violencia que vive el país desde el derrocamiento de al Gadafi en 2011, luego de una guerra apoyada por miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
Bajo el auspicio de la ONU, 75 delegados libios en representación de diversas facciones y territorios, eligieron en febrero último un Gobierno de transición, encargado de dirigir al país hasta la celebración de esas elecciones.
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