Después de recordar a sus muertos como cada día 4 en una zona de la terminal portuaria, la asociación cuestionó sobre dilaciones para que salga a relucir la verdad.
“Nos sorprenden los intentos de disolver el caso, el último de los cuales derivó en convocar a una sesión parlamentaria para votar sobre un tribunal ficticio y esconderse a fin de escapar de la rendición de cuentas”, precisó un comunicado de los familiares, y en todo caso, cualquiera que vote o asista a esa reunión es un enemigo para nosotros, un enemigo de nuestra causa y un asesino».
La asociación subrayó que solo aceptará un proceso liderado por el poder judicial, en respuesta a exigencias de enjuiciar a exmandatarios dentro del fuero legislativo.
El Gobierno enfrenta un boicot de los representantes de los partidos movimiento Amal e Hizbulah que tildan de sectaria y politizada la actuación del juez investigador del caso, Tarek Bitar.
Ambas formaciones defienden la puesta en funciones de una comisión especial del Parlamento como única capacitada para llamar a juicio a exministros o expresidentes.
Esa solución no contempla sacar del juego a Bitar, quien permanecería en el ejercicio dentro de su jurisdicción y los exmandatarios involucrados en la catástrofe presentarían sus alegatos ante una instancia apropiada.
Tal propuesta resolvería el problema del boicot y aunque todas las partes la aprobaron, de pronto fue detenida sin razón alguna conocida.
De acuerdo con el periódico al-Joumhouria (La República), Hizbullah y Amal nunca permitirán selectividad, politización o injusticia premeditada en el proceso investigativo, una línea roja para ellos.
Esos dos partidos aspiran a que se revele la verdad total sobre la explosión y no haya ocultamiento alguno.
Bitar citó a los exministros Nouhad Machnouk (Interior), Ali Hassan Khalil (Finanzas) y Ghazi Zoaiter (Obras Públicas), bajo la acusación de negligencia.
Los tres estuvieron en sus cargos años después del arribo a la terminal portuaria del nitrato de amonio, la sustancia que estalló el 4 de agosto de 2020.
De ahí que surjan dudas de la imparcialidad en el proceso, pues a los responsables de la presencia del material explosivo y su mal almacenamiento en un muelle desde 2014, nunca los llamó.
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