Al intervenir en el espacio televisivo Hacemos Cuba, la experta señaló la importancia de entender que el documento es para el beneficio de cada persona, de ahí la necesidad de fomentar el diálogo y el intercambio, para de manera general lograr el respeto a los derechos humanos, dijo.
Apuntó que el anteproyecto, que ya tiene su versión 23, es coherente con la actual Constitución de la República, la cual reconoce todos los tipos de familia.
“El Código no impone modelos, sino que se basa en la práctica, la realidad y tiene que proteger a las personas”, comentó González.
Enfatizó en la urgencia de conocer los contenidos de la versión, que prioriza entre otras cuestiones el reconocimiento del papel de los adultos mayores en el ámbito familiar y sus garantías, y establece la prohibición del matrimonio infantil.
Otros temas presentes en el documento son la prevención y protección frente a situaciones de violencia, la responsabilidad parental, la defensa del interés superior del niño, métodos alternos de solución de conflicto y la posibilidad de adopción, puntualizó.
Recordó que cuando la mayoría de la población cubana (más del 86 por ciento que votó) aprobó la actual Carta Magna en 2019, lo hizo a favor de mantener el principio de igualdad y no discriminación.
De igual forma, González subrayó que el anteproyecto es resultado del trabajo colectivo entre juristas y especialistas de otras disciplinas, que también contó con los criterios de grupos específicos para su conformación.
La variante 23 fue presentada luego de recibir más de 500 opiniones, que tuvieron como resultado la modificación de más de 270 artículos y el aumento del glosario de términos de la norma.
Ese proceso de debate con expertos, realizado entre septiembre y octubre de este año, posibilitó el diálogo directo con instituciones y organismos, y tuvo en cuenta los análisis de juristas, universidades, así como las sugerencias de la población recibidas a través del correo electrónico familias@minjus.gob.cu.
El anteproyecto será examinado por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y una vez aprobado irá a referendo popular.
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