Este jueves los magistrados de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminaron que un comité selecto de la Cámara de Representantes puede acceder a los registros de la Casa Blanca sobre las comunicaciones y movimientos de Trump relacionados con el ataque al Capitolio.
El panel de tres magistrados en su decisión de 68 páginas le dio al exgobernante 14 días para pedirle a la Corte Suprema que revisara la decisión antes de que los legisladores tengan acceso a la información.
El exnúmero uno estadounidense hace todo lo posible por evitar que el panel bipartidista revise los registros telefónicos, borradores de discursos y otros documentos relacionados con el 6 de enero cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio con el propósito de anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al demócrata Joe Biden.
En la decisión los magistrados sostuvieron que los poderes de supervisión del Congreso, respaldados por la decisión de Biden de no invocar el privilegio ejecutivo sobre el material, superaron los poderes residuales de secreto de Trump.
Esa corte con anterioridad emitió una orden judicial a corto plazo para bloquear la entrega de los registros por parte de los Archivos Nacionales mientras consideraba el asunto, pero en su fallo precisó que levantaría esa orden judicial en dos semanas para dar tiempo al equipo legal del expresidente a pedir la intervención del alto tribunal.
Indicaron los jueces que el exgobernante no proporcionó ninguna base para que el tribunal “anule el juicio del presidente Biden y el acuerdo y los ajustes elaborados entre las ramas políticas sobre estos documentos», escribió la jueza Patricia A. Millett.
«Ambas ramas, agregó, están de acuerdo en que hay una necesidad legislativa única para estos documentos, y que son directamente relevantes para la investigación del comité sobre un ataque al poder legislativo y su papel constitucional en la transferencia pacífica del poder.»
Aunque el Supremo observa el caso, según los expertos, no hay un precedente claro mediante el cual pueda determinar lo que debe suceder en una disputa de este tipo, que surgió cuando el comité de la Cámara de Representantes citó a los Archivos Nacionales para obtener los informes de la Casa Blanca durante la crisis.
Mientras eso ocurre a nivel federal, la víspera también la fiscal general de Nueva York, Lititia James, anunció que citará al expresidente para que declare en una investigación por fraude como parte de una pesquisa civil, algo previsto para el 7 de enero.
James pretende interrogar a Trump bajo juramento como parte del proceso sobre sus actividades empresariales y fuentes cercanas al asunto consideran que este es un movimiento inusual que llega en una coyuntura crítica en una investigación criminal paralela sobre el exgobernante.
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