Tal reacción hizo patente el mandatario desde el 15 de diciembre de 2020 cuando la propuesta legislativa proveniente de Cabildo Abierto recibió la aprobación de sus diputados en Cámara Baja, los del Frente Amplio y del Partido Ecológico Radical Intransigente.
Desde entonces la necesaria consideración senatorial experimentó dilaciones condicionadas por tensas diferencias en la coalición electoral de partidos gobernantes de derecha, CA de un lado y Nacional (PN) y Colorado (PC), del otro.
La formación impulsora del proyecto sostuvo como objetivo principal establecer límites al fomento de bosques para la industria papelera, en detrimento de otros renglones agropecuarios, en especial vinculados a la industria lechera.
Analistas económicos apuntaron un trasfondo de contradicciones de intereses por más vínculos de nacionales y colorados con inversiones en forestales.
La comisión senatorial de Ganadería, Agricultura postergó varias fechas de análisis y votación de la propuesta cabildante y todavía para esta jornada, los ministros pertenecientes al PC de esa cartera y de Ambiente, Fernando Mattos y Andrés Peña, respectivamente promovieron un decreto presidencial como reemplazo.
Según aspectos conocidos, establece un control ambiental y la aprobación para nuevas siembras de forestales mayores de 100 hectáreas y una serie de requisitos técnicos.
El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, calificó de positivos esos controles, pero que no se contrapone a le ley que su bancada votará porque es buena para el país y su gente, principalmente para proteger a la producción familiar, la lechería y los sectores que producen alimentos.
Comentó que “el presidente colocó el mensaje del veto y no comparte legislar con amenazas”, para agregar que “si decide vetar la ley, deberá explicarle a los productores familiares.
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