En declaraciones a la televisión estatal, Torres señaló la contribución de la prensa, mayoritariamente opositora y neoliberal, al objetivo de vacar (destituir) en el Parlamento a Castillo, lo cual intentó el 7 de diciembre último la extrema derecha, sin lograrlo.
“Los que perdieron las elecciones, están en este trabajo intensísimo con la prensa muy desesperada en encontrar responsabilidades del presidente para poder vacarlo”, aseveró.
Anotó además que así lo señalan también instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entretanto, el pedido del procurador del Estado, Daniel Soria, a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de investigar preliminarmente a Castillo, motivó amplio despliegue en la mayoría de los diarios y otros medios de comunicación, sobre todo opositores.
El diario El Comercio, buque insignia del mayor grupo empresarial mediático del país, destaca en su portada una entrevista a Soria en el que este fundamenta su investigación en el hecho que no le fue dada por el Gobierno la información sobre reuniones del mandatario fuera del palacio de gobierno, por no ser oficiales.
Añade que una de los visitantes fue Karelim López, empresaria lobista (cabildera) investigada junto al ex secretario presidencial Bruno Pacheco, por la presunción de que presionaron para favorecer a un consorcio privado para que gane la licitación de una obra vial.
Soria afirmó que a partir de esos elementos y trazó una línea de tiempo entre las reuniones de la investigada y el mandatario y la adjudicación de la obra al consorcio, lo cual motivó la sospecha de que el presidente estaría involucrado en el caso y hasta pidió que se le investigue en conjunto con López y Pacheco.
El diario La República señaló al respecto que el pedido del procurador no incluye ninguna prueba o evidencia concreta de un acuerdo ilícito entre Castillo y López, salvo la falta de respuesta a su pedido de información sobre las reuniones fuera del palacio de gobierno.
El periódico añade que el Poder Judicial ha establecido con anterioridad “que los supuestos o posibilidades no son suficientes para iniciar una investigación que respete el debido proceso y la presunción de inocencia”.
También señala que tradicionalmente, por su rango, en casos como el presente, la Fiscalía de la Nación abre la investigación preliminar y la suspende hasta que el mandatario termine su mandato, lo cual fue quebrado en 2020 en el caso del entonces presidente Martín Vizcarra.
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