La funcionaria de la administración de Ricardo Rosselló, que dejó la gobernación en julio de 2019 tras varios días de multitudinarias protestas, fue la principal ejecutora del cierre de más de 300 escuelas públicas en perjuicio de miles de alumnos poniendo oídos sordos al reclamo de madres, padres y docentes.
De ahí que muchos consideraron un último acto de hipocresía de Keleher, de 48 años, el pedir perdón por sus acciones ante el juez federal Pedro A. Delgado, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, por el dolor y la angustia causada por sus acciones.
“Los niños de Puerto Rico merecen un mejor sistema educativo del que tienen”, remató la exministra en la videoconferencia con el tribunal desde la nación norteña, donde se encuentra.
La conservadora Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) reaccionó insatisfecha por la condena impuesta a Keleher, quien además de cumplir seis meses de prisión y un año de arresto domiciliario, deberá pagar una multa de 21 mil dólares.
El presidente de los maestros asociados, Víctor Bonilla, consideró que con la sentencia “concluye uno de los capítulos más nefastos en la historia del sistema público de enseñanza y que tanto daño le hizo a la educación puertorriqueña”.
“Lamentablemente vivimos en un país en el que la impunidad es la orden del día y quienes sufren las consecuencias somos el pueblo, en este caso, una de las poblaciones más vulnerables, nuestros niños”, dijo Bonilla al establecer su desacuerdo con la sentencia impuesta.
Keleher se declaró culpable el 8 de junio de 2021- como parte del acuerdo-de dos cargos por conspirar para cometer fraude, al sufragar con fondos públicos la subcontratación de una asistente y enajenar parte de los terrenos de la Escuela Bilingüe Padre Rufo, en Santurce, a cambio de un apartamento en Ciudadela, complejo residencial contiguo.
El desempeño de la otrora ministra de Educación estuvo marcado por las irregularidades desde su inicio, ya que figuraba como contratista con un extraordinario salario que rondaba los 200 mil dólares, en un cargo constitucional.
Keleher fue arrestada el 10 de julio de 2019 por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, donde estaba residiendo.
Entonces, se le acusó de nueve cargos por conspiración y fraude, que se alega alcanzó los 13 millones de dólares, aunque como parte de las negociaciones con la fiscalía logró una reducción que la libró de una posible pena de 20 años en prisión.
El apresamiento por el FBI se dio en medio del arresto de otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Rosselló, como Angie Ávila, de la Administración de Seguros de Salud y las hermanas Glenda y Mayra Ponce.
También el empresario Fernando Scherrer, de BDO Puerto Rico, y el contratista Alberto Velázquez, con acceso privilegiado para asegurar contratos públicos.
gas/nrm
