La demanda incluirá a los concejales que aprobaron operaciones por valor de 260 millones de bolivianos (37 millones 572 mil dólares), declaró la autoridad en rueda de prensa.
El carácter ilegal de esos cobros de impuestos para la realización del proceso judicial –añadió el edil- fue confirmado por la Contraloría, el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La autoridad recordó que el periódico El Deber denunció en 2020 una campaña de cobro adelantado de impuestos para cubrir el presupuesto del municipio de La Paz, desplegada con motivo de la pandemia, pero realmente en beneficio de los funcionarios.
El gobierno del presidente Luis Arce emprendió desde su investidura en noviembre de 2020 una cruzada contra hechos de corrupción heredados del ejecutivo de facto, establecido tras el golpe de Estado en 2019 contra el mandatario constitucional Evo Morales.
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