La central sindical uruguaya Pit-Cnt mostró preocupación por lo que consideró represión desmedida a trabajadores portuarios que reclamaban a la empresa empleadora negociación de convenios laborales que garanticen seguridad física.
Hasta el lugar llegó el presidente de Pit-Cnt, Marcelo Abdala, para tratar de “descomprimir” según sus palabras, una situación creada por un numeroso contingente de efectivos de la Guardia Republicana desplegado, que arrastró a participantes de un paro y colocó esposas a algunos de ellos.
El secretario de relaciones laborales y conflictos, Daniel Diverio, criticó la respuesta empresarial represiva en lugar de buscar un diálogo, que comparó con un anterior ataque policial días atrás a una demostración del gremio de transporte a la que dispararon balas de goma.
Diverio argumentó que lo ocurrido “pasa por la aplicación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a rajatabla de esta manera de dinamitar la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho”.
Por su parte el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Suctra) expresó “hondo repudio a la actuación de los efectivos policiales que, amparados en la LUC, disolvieron la manifestación pacífica que desarrollábamos en la zona de ingreso al puerto de Montevideo”.
Entrevistado por la televisión el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, se ufanó de qué gracias a disponer de esa legislación se pudo poner fin a la protesta aduciendo interrupción de la circulación de vehículos.
Otro paro escenificó la gremial de la empresa de transporte público suburbano en reclamo de adeudos por vacaciones desde 2019 y la ausencia de negociación salarial en el presente año.
A su vez la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) resolvió no participar en la celebración del día del Poder Judicial en protesta por la caída del salario y 700 cargos vacantes sin cubrir, en detrimento de la atención a la población.
De crónica de un desastre anunciado describieron diputados del Frente Amplio la situación en los centros de internados del Instituto Nacional de Integración social de Adolescentes (Inisa).
Una sesión en comisión general parlamentaria a la que se convocó a jerarcas de la institución y del rector Ministerio de Desarrollo social (Mides) debió interrumpirse por noticias de amotinados en un internado con el saldo de un recluido herido y otro fugado.
El secretario general del gremio de funcionarios del Estado, Joselo López, denunció una intención política de promover la privatización del (Inisa), y a ello atribuyó “todo el caos” generado en los centros de reclusión.
Al final de la semana el Frente Amplio proclamó la elección de Fernando Pereira como su nuevo presidente, quien declaró que “con toda nuestra fuerza vamos a la construcción de una nueva mayoría que derogue los peores 135 artículos de una ley que nunca se debió haber aprobado por un parlamento democrático como el nuestro”.
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