Se trata, comentó Vásquez, de “es una medida justa” que reconoce los Derechos Humanos humanos de 66 heridos gravemente en las marchas que obligaron a dimitir al fugaz presidente conservador Manuel Merino.
Añadió que la decisión, plasmada en un decreto difundido este lunes “complementa la necesaria investigación y sanción a los responsables” de la represión, referencia a los procesos a un grupo de policías de diverso rango, entre autores y responsables.
También están pendientes de antejuicio parlamentario el exgobernante fugaz Merino y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y su titular del Interior, Gastón Rodríguez señalados como autores mediatos de las muertes de los dos ultimados en noviembre de 2020.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, a su vez, señaló que el apoyo decretado es una “importante medida de reconocimiento al daño causado a las víctimas y sus familiares”.
“Falta que se haga justicia y se sancionen a responsables directos e intelectuales de esos asesinatos, para que nunca más se repitan”, manifestó Ortiz, a tiempo de pedir “Verdad, justicia y reparación para víctimas”.
El decreto que dispone el respaldo económico según el nivel de gravedad del daño sufrido, beneficia a 26 heridos graves en la represión a las protestas contra Merino, en noviembre del año pasado, y a dos heridos de consideración las manifestaciones por mejores salarios, de trabajadores de la agroindustria.
Incluye con montos mayores el respaldo económico a dos caídos durante las protestas de diciembre y anota que meses atrás se atendió los casos de dos estudiantes abatidos por la policía en las marchas contra Merino y otro ultimado en diciembre.
La disposición legal deja en claro que el apoyo económico no constituye una reparación por los muertos y heridos, la cual se definirá en los procesos judiciales.
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