La comparecencia versará sobre la investigación del sonado caso de corrupción en la Alcaldía del departamento de Santa Cruz, conocido aquí como el de los 800 ítems fantasmas.
El titular de la Comisión, Juan José Jauregui, declaró a periodistas que la cita está prevista para la primera quincena de enero, una vez sean reanudadas las actividades parlamentarias.
“En consecuencia, tenemos ocho días para solicitar y esperemos que no sea necesario conminarlo”, manifestó el congresista.
Adelantó que ya se tiene preparado una batería de preguntas y el indagatorio tratará, en lo esencial, sobre el proceso investigativo del defalco millonario en la Alcaldía cruceña.
El sonado caso de corrupción salió a la luz a finales de noviembre pasado y en el mismo están implicados funcionarios y exfuncionarios, algunos de los cuales se encuentran en prisión preventiva y otros son solicitados por la justicia.
Los papeles encontrados en la vivienda de la exesposa de uno de los principales investigados y en la actualidad con paradero desconocido, el exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento Antonio Parada, revelaron un defalco superior a los 28 millones de dólares, además de la apropiación de inmuebles y vehículos de lujo.
Jauregui puntualizó que la pretensión de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados “no es remplazar” la labor investigativa del Ministerio Público.
Como parte del proceso de indagación por el caso de los ítems fantasmas, este miércoles fuerzas de la Policía Anticorrupción y la fiscalía allanaron la sede de la fuerza política Santa Cruz Para Todos, del exalcalde Percy Fernández y la exalcaldesa interina Angélica Sosa
Medios locales de prensa divulgaron que en el conocido búnker político, Fernández residió por dos años y allí recibía a familiares y afines políticos.
La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos condenó el lunes los hechos de corrupción en Santa Cruz en un comunicado a la opinión pública.
En el texto la organización señaló que durante años ese defalco permitió que “personas, agrupaciones y partidos políticos montaran una estructura delincuencial que se beneficiaba de recursos públicos”.
Asimismo, se desmarcó en forma categórica del asunto al señalar que como organización “nunca negoció, tranzó, pactó ni hizo concesión alguna” con las autoridades municipales ni de la gobernación de Santa Cruz “para favorecer su estructura corrupta o favorecerse”.
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