La indagación abierta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos,
Considera la presunta comisión de delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado) y colusión, en agravio del Estado.
Las pesquisas están referidas a supuestas irregularidades de la licitación de la construcción de un puente y la compra de bio-combustible por 74 millones de dólares, por parte de la empresa estatal Petroperú a la compañía Heaven Petroleum Operator, en las que habría intervenido indirectamente el mandatario.
Menciona la actividad en ambos casos, de la lobista empresarial Karelim López, vinculada al hasta hace poco secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco.
Al precisar que el inicio de las investigaciones al presidente, que no afectan las pesquisas a los directamente involucrados, se posterga hasta la culminación del mandato de Castillo.
Explica que la suspensión se debe a una norma constitucional por la cual el presidente solo puede ser acusado mientras ejerza el cargo, por traición a la patria, impedir elecciones, disolver ilegalmente el Congreso o impedir la reunión de este o de los organismos electorales.
En la misma situación queda una segunda investigación por la supuesta injerencia del mandatario en los ascensos militares anuales, lo que implicaría los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
El informe oficial recuerda que en octubre de 2020, la fiscal Avalos abrió una pesquisa al entonces gobernante, Martín Vizcarra, por recomendar la contratación de un oscuro cantante sin calificaciones, como asesor del Ministerio de Cultura, y dejó en suspenso la indagación hasta el fin del mandato de Vizcarra.
El Ministerio Público inició esas pesquisas después que, en noviembre de 2020, Vizcarra fue vacado (destituido) por el Parlamento, lo que los partidos adversos a Castillo han comenzado a considerar, aunque fracasaron el mes pasado al intentarlo.
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