La citada compañia energética confirmó que el ganador de la nueva licitación es Heaven Petroleum Operators (HPO), por lo que abastecerá a Petroperú de bio-combustible por 74 millones de dólares, entre enero y abril de este año.
En el concurso participaron las empresas nacionales e internacionales Repsol Trading, Trafigura, Bio Energy Perú y HPO y la anterior licitación excluyó a las firmas extranjeras y solo se presentaron HPO y otra entidad local.
Un reportaje de televisión difundió el mes pasado la versión de que el contrato resultante de la primera licitación se firmó después que el gerente de HPO, Samir Abudayeh, visitó al presidente Pedro Castillo.
La versión señaló que el mismo día visitaron en palacio de gobierno el hoy renunciado gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y la empresaria lobista (cabildera) Karelim López, enfoque que dio pie a la sospecha de que los cuatro tuvieron una reunión con Castillo supuestamente relacionada con el negocio del biocombustible.
Los mencionados desmintieron que se reunieran conjuntamente y tanto Abudayeh como Chávez declararon que se encontraron individualmente con el mandatario a tratar temas ajenos a la licitación.
A raíz de ello y de irregularidades formales, según Petroperú, el concurso fue anulado y se convocó a uno nuevo, cuyo resultado se anunció hoy.
El caso motivó una investigación por presunta colusión a López y al secretario presidencial, Bruno Pacheco, ambos indagados también por supuesto favorecimiento en el contrato de la construcción de un puente, y el segundo además por supuestas presiones por ascensos militares.
Pacheco fue largamente interrogado por los miembros de la comisión parlamentaria de Fiscalización y declaró que a Abudayeh y López solo los conocer sin tener mayores relaciones con ellos.
De otro lado, la fiscal de la Nación abrió la semana pasada una investigación preliminar a Castillo por los casos del bio-combustible y el puente, así como de los ascensos militares, pero la congeló sujetándose a la inmunidad presidencial, hasta el fin del mandato del jefe de Estado, en 2026.
Según sectores progresistas, las acusaciones contra Castillo apuntan a derrocarlo mediante un «golpe blando», es decir una decisión parlamentaria, mediante medidas como la vacancia (destitución) por incapacidad moral, modalidad intentada y fracasada en diciembre último.
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