“Vamos a pedir con requerimiento fiscal que el Gobierno entregue estos documentos a la Fiscalía para iniciarle proceso a estos 10 militares que han colaborado a ‘terroristas’”, afirmó el jurista en declaraciones al canal Bolivia TV.
Letrado a cargo del proceso penal contra Jeanine Áñez, Murillo y otros funcionarios del gobierno de facto implicados en la causa conocida como golpe de Estado I, Valdés insistió en que los integrantes del fuero castrense deben ser investigados por los presuntos ilícitos de encubrimiento y complicidad con los exministros acusados de evadir la justicia y huir al extranjero.
Consideró que esos oficiales deben ser citados a declarar y “tienen que ser aprehendidos, porque no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando del delito de terrorismo, el mismo que ha tenido como consecuencia 38 muertos”.
El abogado de la exdiputada Lidia Patty solicitó a los fiscales declarar el caso en reserva con el objetivo de que no se hagan públicos los nombres de los militares, quienes pueden fugarse.
Un informe publicado en las últimas horas precisa que la huida de López y Murillo fue planificada y que el 5 de noviembre de 2020 se ejecutó un operativo con el objetivo de garantizar la salida del país de los dos exministros de facto para impedir su procesamiento judicial.
La red Erbol informó que los militares escoltaron a los prófugos hasta la frontera con Brasil.
Radio Cepra, por su parte, informó que le exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty acusó a la exgobernante de facto de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por el derrocamiento, el 10 de noviembre de 2019, del entonces mandatario Evo Morales, en medio de la “revolución de colores” ejecutada por la oposición tras las elecciones del 20 de octubre.
En complicidad con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, los sectores partidarios de las terapias neoliberales esgrimieron como pretexto un supuesto fraude para quebrantar el orden constitucional, aunque posteriormente esa versión fue desmentida por investigadores internacionales independientes.
Por este caso, conocido como Golpe de Estado I, permanecen arrestados junto a Añez desde marzo de 2021 sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
El viceministro de Justicia Jaime Siles explicó que el proceso fue dividido luego de la presentación de otra acusación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y otras leyes al asumir Añez “irregularmente” la presidencia del Senado y luego la jefatura de Estado.
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