El texto fue aprobado por el Congreso de la República el 17 de diciembre y devuelto en el último día del plazo legal para que el Ejecutivo lo promulgue (ponga en vigencia) o lo observe con cargo a presentar sus acotaciones.
El Legislativo deberá decidir si acepta y procesa las observaciones gubernamentales o las descarta y promulga la ley al margen de las opiniones del Gobierno.
El documento de devolución argumenta que el referendo permite que los ciudadanos participen en asuntos públicos y constituye un “derecho de carácter activo” que debe respetarse.
Agrega que el proyecto aprobado por el Parlamento restringe en forma arbitraria ese derecho y atenta contra principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento parlamentario de reforma constitucional.
Otro argumento gubernamental plantea que el texto cuestionado genera el riesgo de un absolutismo legislativo, pues al legislar fuera de los márgenes de constitucionalidad, se desatiende la prohibición constitucional al abuso del Derecho.
La observación señala la inconstitucionalidad de la ley porque, además, asigna al Congreso una facultad, la de aprobar previamente o no un referendo, que no le asigna la carta magna.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, manifestó ayer preocupación por algunas decisiones del Congreso y señaló que la ley observada hoy puede caer en la inconstitucionalidad e hizo un llamado al Parlamento para que se actúe con sensatez y reflexión.
La cuestionada ley responde al empeño de sectores defensores de la constitución neoliberal de 1993, empeñados en impedir la convocatoria promovida por sectores de izquierda, de una asamblea constituyente previo referendo que decida si la misma procede o no.
De otro lado, Vásquez manifestó llamó la atención sobre el hecho de que el Congreso, presidido por la conservadora María del Carmen Alva, mantiene sin debatir ni programar para su debate, 24 importantes proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
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