La nueva legislación -al igual que la tejana- permitiría a cualquier residente de ese estado demandar a los médicos que practiquen abortos si se demuestra que existe latido fetal, algo que puede ocurrir tan pronto como en las primeras seis semanas de embarazo, tiempo en el que muchas mujeres desconocen su gravidez.
Los ciudadanos anti-aborto de Oklahoma deberían tener la posibilidad de ayudar a que estos doctores rindan cuentas, dijo el representante estatal republicano y ultraconservador Sean Roberts en un comunicado.
Cada persona es responsable de proteger las vidas de los no nacidos. Esta legislación pone los principios en acción y voy a luchar muy duro para que se apruebe durante la próxima sesión, afirmó.
La iniciativa fue propuesta mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa anular la decisión de hace medio siglo que estableció el derecho de cada mujer a elegir sobre su cuerpo, al menos mientras el feto no fuera viable, hasta las 24 semanas de embarazo.
En lo que va de año se presentaron proyectos de ley con un lenguaje similar o idéntico al de la ley de Texas en Alabama, Florida, Missouri y Ohio.
La mayoría de las medidas permiten a los demandantes reclamar daños y perjuicios contra los proveedores de servicios de aborto o contra aquellos que «ayuden y lo promuevan».
Esas disposiciones pretenden eludir la decisión de 1973 en el caso Roe v. Wade, que prohíbe a un estado restringir indebidamente el acceso de una mujer ese procedimiento.
Esas disposiciones son extremadamente peligrosas, y si se promulgan, negarían el acceso a la mayoría de los abortos, advirtió Elizabeth Nash, quien dirige la política estatal en el Instituto Guttmacher.
Las personas que reconozcan un embarazo antes del latido fetal sólo tendrían, como máximo, dos semanas para decidir sobre una interrupción, hacer los trámites y recibir atención.
Esto es muy difícil, ya que hay barreras legales, financieras y logísticas, incluyendo reunir cientos de dólares para pagar el procedimiento, agregó.
Las clínicas de aborto de otros 11 estados y el Distrito de Columbia informaron al Instituto Guttmacher que habían realizado interrupciones a residentes de Texas desde que la ley entró en vigor, en septiembre del año pasado.
La carga de estas prohibiciones recae en quienes ya se enfrentan a las mayores barreras para la atención sanitaria, incluyendo a las pacientes negras, las jóvenes, las personas de bajos ingresos y las miembros del colectivo LGBTQ, lamentó.
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