En un documento circulado a la prensa precisan que la negociación iniciada desde septiembre del año pasado fue irregular y que los avances obtenidos son minúsculos en materia ambiental y laboral.
También señalan que la comisión nombrada por el Gobierno para evaluar el contrato de concesión no fue constituida legalmente y solicitaron a la Asamblea Nacional (Parlamento) revisar ese texto antes de su aprobación o rechazo.
Afirman que el Gobierno no está tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró el anterior contrato con Minera Panamá como inconstitucional.
El Ejecutivo “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, declara la nota.
El nuevo contrato estipula que el Estado panameño reciba ingresos superiores a los 400 millones de dólares, considerando el precio actual de la libra de cobre.
La propuesta del Istmo también garantiza que el país reciba un ingreso mínimo de 375 millones al año, cifra que supera diez veces lo recibido anteriormente por el Estado.
Sin embargo, los firmantes del mensaje lo consideran como insuficiente, pues sólo el cobro de la evasión anual del impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, precisan, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la trasnacional.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
Para el grupo ambientalista, el nuevo contrato desconoce la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región.
Anexan que hasta la fecha se acumulan 295 accidentes ambientales en tres años dentro de esta área.
Declaran además que esta negociación en un área sin consultar a los moradores, “desconoce la voluntad de los panameños, que rechazan la minería a cielo abierto y no quieren empeñar sus ríos y bosques”.
La víspera, al anunciar el acuerdo, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, que ahora corresponde cumplir los trámites pertinentes entre ellos la redacción del nuevo contrato de concesión, la consulta pública, el referendo de la Contraloría General de la República y la aprobación por los diputados.
Cortizo sostuvo que en las negociaciones los animó siempre “la fortaleza de nuestro pueblo, la bandera en el Cerro Ancón y la convicción de servir al país”.
acl/ga
