Según lo narrado por Osorio, Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), muy cercano al oficialista Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe, se reunió al menos en dos ocasiones, en el año 2005, con el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso para que financiara la campaña de Mario Iguarán con vistas a ser elegido como Fiscal General de la Nación.
La noticia difundida por Caracol Radio, señala que, a cambio de ese apoyo, Iguarán (fiscal general entre los años 2005 y 2009) nombró en un alto cargo del ente investigador a la esposa de Lafaurie, la actual senadora María Fernanda Cabal quien aspiraba a la presidencia del país.
Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue designado como gobernador encargado de Córdoba, el 28 de diciembre de 2007, por el entonces presidente Uribe, cargo en el que duró solo 15 días tras denuncias públicas por sus vínculos con el paramilitarismo.
En 2015, un juez lo condenó a 19 años por «los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir».
En 2017, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) narró la responsabilidad del Fondo de Ganaderos de Córdoba y Funpazcor –ONG creada por los hermanos Castaño– en el desplazamiento forzado de las comunidades de la región de Tulapas y Urabá, y de la participación de miembros de la fuerza pública y la Policía Nacional en el paramilitarismo.
La JEP nacida tras el Acuerdo de Paz, le concedió a Osorio la libertad transitoria, condicionada y anticipada tras valorar sus aportes sobre los vínculos de políticos y empresarios con la estructura paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Osorio «dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades públicas que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas».
También entregó «varios documentos que formaban parte de su archivo personal, y un disco duro que bajo su consideración contiene información relevante” de lo que contó. En total, dejó a disposición del organismo de justicia transicional, tres mil 500 archivos», refirió la JEP.
De acuerdo con el diario Criterio, con este paso podría aclararse aún más cómo fueron los vínculos entre los gremios económicos de Urabá y Córdoba, el Estado colombiano con el paramilitarismo, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras.
Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, enfatizó que «hace muchos años quienes hemos investigado la relación entre paramilitares, políticos y empresarios, mostramos los nexos de José Félix Lafaurie con las AUC, cosas que ahora confirma Benito Osorio ante la JEP. Ojalá ahora sí las autoridades judiciales procedan de conformidad», enfatizó.
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