Según el mandatario, la normativa ofrece los mecanismos para enfrentar el vandalismo y la criminalidad, que tanto daño le han hecho al país.
Detalló que la Ley establece ocho elementos «para el bienestar de los colombianos», en los cuales destacan el castigo a la reincidencia, condena más severa por asesinato de miembros de la Fuerza Pública, líderes sociales y periodistas, así como sanción ejemplarizante para el vandalismo.
A pesar de que Duque calificó esta Ley como un triunfo de la legalidad, el senador Iván cepeda de Polo Democrático Alternativo señaló que es «una de las más arbitrarias normas de su nefasto gobierno (…) que estimula justicia por mano propia, acciones de civiles armados, y persecución de la protesta social». El congresisra de oposición advirtió, por medio de su perfil en Twitter, que la demandarán por inconstitucional.
Por su parte, la candidata a senadora por el Pacto Histórico, Gloria Flórez Schneider, señaló que esa Ley persigue a los defensores de derechos humanos, criminaliza a la protesta social y permite que la Fuerza Pública use armas para asesinar manifestantes.
En su opinión, «la ley de Seguridad Ciudadana generará más sangre y violencia en Colombia.»
El proyecto fue presentado tras las protestas antigubernamentales generalizadas en el país en el contexto del Paro Nacional de 2021.
Según el abogado Kenny Sanguino, dicha norma «aprobada primero por el Congreso como respuesta al estallido social del año pasado y de espaldas a una discusión pública incurrió en algunos males del populismo punitivo.»
«Pero lo más grave fue que desconoció varios estándares constitucionales mínimos que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos», recalcó en un artículo titulado Ley de Seguridad Ciudadana, publicado en La Opinión Digital.
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