El tema es uno de los asuntos centrales del cuerpo legal que se someterá a consulta popular en febrero venidero y forma parte de las adecuaciones legales de la Isla para cumplir con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la Constitución de la República, aprobada en 2019.
De acuerdo con Leonardo Pérez, profesor titular de la Universidad de La Habana, en esta norma legal se propone sustituir el modelo de tutela por el de apoyo.
Esto implica el reconocimiento de derechos como la inclusión familiar, la autodeterminación, la autorrealización, la autonomía, y medidas para evitar la discriminación y las causas de situaciones de vulnerabilidad, apuntó el también presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.
En el programa radio televisivo Mesa Redonda, la profesora titular de la Universidad de La Habana Caridad Valdés, agregó que, de aprobarse, el Código de las familias introduciría cambios como la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y para ello se realicen ajustes razonables y reciban apoyo.
Agregó que otro elemento novedoso es el principio de salvaguardia, mediante el cual los tribunales pueden tomar las medidas necesarias para que quienes sirvan de apoyo a los discapacitados no se extralimiten en su actuar.
Para Geudis Vega, persona ciega y licenciado en Derecho, uno de los avances fundamentales del proyecto de esta normativa es que potencia los derechos de las personas con discapacidad, en todas las edades.
En consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre el tema, las nuevas disposiciones reconocen que la discapacidad no es de la persona en sí sino en su relación con el entorno debido a las barreras que le impiden su inclusión social en condiciones de igualdad, señaló.
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