El secretario de Organización del partio, Yuri Castro, señaló que la operación de Repsol en la refinería de La Pampilla no se basa en un “contrato-ley”, protegido por la constitución neoliberal de 1993, sino en una licencia que puede cancelarse con una medida administrativa.
Señaló que la medida debe aplicarse porque la empresa se burla del país al minimizar el nuevo derrame y ha demostrado absoluta incapacidad para operar con productos contaminantes.
El municipio de Ventanilla, uno de los más afectados por el derrame de seis mil barriles de petróleo, reclamó en un comunicado la suspensión de las Refinería de La Pampilla, a la que estaba siendo transportado el crudo derramado.
Ese derrame se registró mar afuera, cuando el ducto de suministro de crudo a la refinería sufrió una rotura y, según las autoridades, Repsol no aplicó de inmediato un plan de contingencia y demoró largas horas en notificar y detener.
Castro apuntó que se derramaron dos mil barriles por hora, lo que significa que Repsol, en su opinión, no hizo nada para controlarlo durante tres horas.
El dirigente anunció que Perú Libre alista un plantón de protesta y demanda sanciones severas para Repsol que incluyan el pago de indemnización al país y a las poblaciones afectadas.
Además, el partido gobernante prepara una marcha de todas las regiones a Lima, que incluye entre sus motivos el pedido de nulidad de la licencia de la Refinería La Pampilla y que Repsol asuma el costo de los daños.
Con una credibilidad en cuestión por informar inicialmente que el primer derrame era de solo siete galones de crudo, Repsol negó que el de hoy sea un derrame, como lo calificaron inspectores de la Marina de Guerra y los organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Según un comunicado de la empresa, solo fue un afloramiento de remanentes del crudo derramado el 15 de enero ocurrido durante los trabajos de reparación realizados en la terminal donde ocurrió aquel desastre.
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