En la sede de la legación en Luanda, tuvo lugar la ceremonia de juramentación y toma de posesión de los cargos por parte de los miembros del equipo.
El compromiso ético de profesionalidad, disciplina, exigencia, transparencia e imparcialidad fue suscrito por la embajadora Esther Armenteros, en calidad de presidenta, el secretario, Rafael Enrique Santaelena, y los vocales Bladimir Martínez, Raúl González y Ernesto Gutiérrez.
Armenteros dijo a Prensa Latina que las consultas transcurrirán durante todo el mes de marzo “desde Cabinda hasta Cunene”; es decir, en cada una de las provincias angoleñas, pues allí hay profesionales cubanos en servicios de salud, educación, construcciones y otras esferas.
Los debates serán organizados por regiones y en los sitios, con un número elevado de colaboradores, habrá reuniones en distintas sedes, a la luz de las regulaciones sanitarias para prevenir la propagación de la Covid-19, explicó la diplomática.
«Respetaremos, afirmó, las disposiciones en cuanto al aforo de los locales, el distanciamiento físico y otras medidas dispuestas por las autoridades angoleñas a causa de la pandemia.»
Alrededor de dos mil colaboradores intervendrán aquí en el análisis del documento y esa información será enviada a Cuba, así mismo procederán las demás representaciones de la nación antillana en el exterior, señaló la funcionaria.
Cuando llegue el momento, añadió, la comisión electoral especial también asegurará el ejercicio del referendo mediante el voto secreto y directo.
A juicio de Armenteros, su país alista un proceso amplio y democrático de participación ciudadana para examinar un código “muy sensible”, pues atañe a la vida de todas las familias, desde los niños hasta los adultos mayores.
Para expertos en la materia, la nueva normativa actualiza y perfecciona las instituciones jurídico familiares en lo referente al parentesco, la obligación de dar alimentos, el matrimonio, la unión de hecho, la filiación cualquiera sea su origen, las relaciones parentales, y otras instituciones de guarda y protección.
También brinda soluciones a los conflictos transnacionales que puedan derivarse de las migraciones o las relaciones entre personas cubanas y extranjeras.
Asimismo, compatibiliza el contenido de la legislación nacional con los tratados internacionales en esta materia ratificados por el estado cubano.
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