“Lo entendemos como impunidad y con la posibilidad de, yo diría, permeabilizar el sistema de administración de justicia a través de elementos que aparentemente tienen una forma de actuar por parte de estructuras que se han dedicado a esta actividad irregular”, afirmó el coronel, entrevistado por el canal estatal Bolivia TV.
En opinión de Aguilera, estos hechos solo se explican mediante la corrupción o la ignorancia.
Las investigaciones tras el arresto de Choque por el asesinato y enterramiento de dos muchachas en su casa incriminaron al juez Rafael Alcón, autoridad de turno el 24 de diciembre de 2019 en el Juzgado Primero de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz.
En esa fecha, la autoridad emitió la resolución 890/2019 que concedía detención domiciliaria temporal a favor de Choque por el lapso de 18 meses, con el argumento de que el sentenciado fue diagnosticado de “hepatosis, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes alérgica y asma bronquial”.
Alcón ya fue destituido y apresado por tomar esa determinación sin considerar que el reo no podía beneficiarse con tal resolución porque tenía una sentencia vigente de 30 años de presidio sin derecho a indulto debido al delito de asesinato, ilícito que le impide acogerse a cualquiera de los beneficios que determina la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.
Choque fue nuevamente arrestado el 21 de enero por los presuntos delitos de trata y tráfico, proxenetismo, pornografía y tenencia de armas.
Durante el interrogatorio el psicópata sexual confesó que mató a dos adolescentes reportadas como desaparecidas desde 2021 tras atraerlas desde un falso perfil en las redes sociales, y las sepultó en su domicilio. Por estos hechos, fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro.
El jefe de la Policía confirmó este lunes que ese cuerpo investigará al círculo familiar del feminicida en serie al menos desde 2013.
“Me hablan de un entorno que puede ser cómplice o en su caso por lo menos negligente (…), encontramos en este inmueble (de Choque), en una primera medida, un hueco listo, nosotros presumimos, para enterrar (otro) cuerpo. ¿Cómo es que no se pudieran haber percatado de las actividades que realizaba?”, concluyó el oficial.
El ministro de Justicia, Iván Lima, por su parte, informó que el doctor Freddy Torrejón, autor del certificado médico-legal también está bajo investigación.
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