El mandatario concedió un plazo máximo de 120 días para que sean entregados los primeros resultados del nuevo ente judicial, concebido para enfrentar recientes hechos de corrupción sobre esos delitos.
Arce explicó la creación de la entidad “ante la preocupante situación y conducta de jueces, y operadores de justicia”, en alusión directa a la cesación este martes de funciones de un jurista acusado por ese delito.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, anunció esa decisión contra el juez Rafael Alcón, por beneficiar con una detención domiciliaria al feminicida en serie Richard Choque.
La orden contra el jurista, quien ejercía en un Juzgado de Ejecución Penal en La Paz, precisa que en diciembre de 2019 este se limitó a la reclusión del acusado en su vivienda, en lugar de imponerle las penas establecidas.
Alcón, quien alegó “problemas de salud” para decidir la citada sanción contra Choque, autor de reiterados feminicidios, está en detención preventiva por seis meses, aseguró Molina.
El juez privado de sus derechos conocía, al asumir la detención domiciliaria del acusado, que sobre este pesaba una sentencia de 30 años de presidio por el delito de asesinato, sin derecho a indulto, explicó el magistrado.
Tal estatus ilícito le impedía al autor de feminicidio en serie acogerse a cualquier beneficio determinado por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, aplicable al caso, argumentó el líder de la Magistratura.
El acusado, enviado en 2015 a la cárcel, obtuvo en 2019 la referida detención domiciliaria por 18 meses y ya no regresó a prisión, aunque fue imputado por otros delitos, entre ellos el asesinato de dos adolescentes.
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