El ministro de Interior, Alfonso Chavarry, gatilló la polémica al declarar sobre las movilizaciones convocadas contra el presidente Pedro Castillo y su gabinete ministerial o contra lo que muchos consideran aprestos golpistas de la derecha.
El titular dijo que por el estado de emergencia los organizadores deberán pedir autorización al Ministerio para que la Policía acompañe las manifestaciones por razones de seguridad.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y organismos de defensa de los derechos humanos recordaron que las marchas pacíficas de protesta están garantizadas por la Constitución.
El abogado constitucionalista Luciano López, por su parte, advirtió contra la posibilidad que el estado de emergencia sea usado indebidamente para impedir protestas.
Explicó que la medida de excepción, que suspende derechos y garantías como la inviolabilidad domiciliaria y la necesidad de una orden judicial para detenciones, fue dictada para la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Las marchas nada tienen que ver con la delincuencia, señaló López al anunciar que presentará un hábeas corpus contra las restricciones a los derechos de protesta y de reunión.
El jefe de la Policía, general Vicente Tiburcio, por su parte, argumentó que toda marcha pacífica está garantizada constitucionalmente.
«Solo pedimos que se coordine con la Policía, como siempre se ha hecho, para ponernos en conocimiento e inmediatamente garantizar la marcha que se va a desarrollar”, indicó.
También aseguró que las fuerzas del orden público solo actuarán si las movilizaciones derivan en alteraciones o atentados contra la propiedad.
Tiburcio señaló que los organizadores de las marchas no habían solicitado hasta ayer permiso a la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías del Ministerio de Interior, entidad encargada de brindar garantías para eventos masivos.
El defensor adjunto del Pueblo sobre derechos humanos, Percy Castillo, acotó que “hay un error muy grave de interpretación del Ministro de Interior sobre la Constitución porque esta no habla de autorización sino de aviso (notificación)”.
La Policía dispersó ayer a un pequeño grupo encabezado por la exparlamentaria de extrema derecha Nidia Vílchez, que intentaba acercarse al Palacio de Gobierno para exigir la destitución del presidente Castillo.
El grupo no había notificado a la Policía pese a que las inmediaciones del Palacio son desde hace muchos años zona vetada para manifestaciones.
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