“Me permito adelantar que en el mismo juzgado se encontraron otros cinco casos de características similares, razón por la cual la Policía y el Ministerio están tomando todas y cada una de las acciones correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos y proceder con la aprehensión conforme a norma”, aseguró Del Castillo.
Sin dar mayores precisiones para evitar posibles fugas, el titular afirmó que se trata de asesinos, “teniendo en cuenta que en algunas de estos casos aún no fue tipificado el delito de feminicidio dentro del territorio nacional”.
Añadió la autoridad gubernamental que en los actos ilícitos detectados están involucrados los mismos abogados, médicos y otros funcionarios identificados hasta ahora como parte del consorcio que actuaba para liberar a sentenciados sin derecho a indulto.
Esa asociación promotora de actos prevaricadores fue descubierta tras la reciente recaptura del violador y asesino serial Richard Choque, liberado mediante un documento firmado por Alcón el 24 de diciembre de 2019.
Una vez en libertad, el feminicida volvió a cometer otros crímenes, incluso el de dos adolescentes a las que sepultó en uno de sus domicilios en la ciudad de El Alto, y el de un primo, enterrado en otro lugar.
La confesión de Choque y la confirmación del prevaricato indignaron a la sociedad boliviana al punto que, por decisión presidencial, se creó una comisión estatal interdisciplinaria que revisa los expedientes de violación y feminicidio y deberá presentar sus primeras conclusiones en los próximos 120 días.
En la primera semana de trabajo de este equipo ya ocurrió la recaptura de otros dos reos liberados por Alcón: Félix Alfredo Ferreira, sentenciado a 30 años por violación y feminicidio; y Rubén Centellas, quien también debe extinguir una condena de tres decenios por matar y descuartizar a una mujer.
Ambos fueron presentados este lunes ante la prensa por el jefe de la cartera de Gobierno.
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