El reporte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) precisa que Gutiérrez hizo entre 2016 y 2020 contratos de publicidad estatal a través de la editorial Gaceta Jurídica S.A., empresa de la cual es accionista mayoritario.
Según OSCE, el defensor incurrió así en “una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”.
El diario La República, al reportar el caso, apuntó en su edición electrónica que Gutiérrez consignó en su declaración jurada anual que entre el primero de enero de 2013 y el 5 de septiembre de 2018 tenía 99 por ciento de las acciones de La Gaceta Jurídica y entre septiembre de 2018 y noviembre de 2020, 66 por ciento de acciones.
Recibió recientemente críticas por sumarse a la oposición en sus cuestionamientos al gobierno del presidente Pedro Castillo, al punto que esta semana, en una entrevista con la cadena norteamericana de televisión CNN, declaró que el mandatario debe renunciar, como exigen sus detractores.
Los críticos del defensor contrastan esa actitud con su parquedad ante casos de represión contra protestas sociales, abusos de las empresas farmacéuticas y clínicas privadas durante la pandemia de Covid-19 y otros hechos que afectan los derechos ciudadanos.
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