La inspección a la sede presidencial fue parte de una operación que abarcó otros 14 inmuebles de involucrados en la venta supuestamente ilegal de bio-combustible de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO) a la empresa estatal de hidrocarburos (Petroperú), por aproximadamente 74 millones de dólares.
La operación fue ordenada por un juez y dirigida por la fiscal Anticorrupción de Lima, Norah Córdova, cuyo retiro fue pedido semanas atrás por el abogado del presidente Pedro Castillo debido a que es una radical opositora que en redes de Internet lo ha calificado como terrorista.
Córdova argumentó que sus dichos políticos son personales y que, en todo caso, el mandatario no es investigado debido a la inmunidad que le da el cargo y el Ministerio Público no la separó del caso.
La versión de Internet del conservador diario El Comercio, que tiene constante información sobre las interioridades de información judicial adversa al Gobierno, afirmó que la fiscalía obtuvo autorización para el tercer registro al palacio desde diciembre último.
Según el diario, la orden judicial dispuso el acceso de los fiscales a la Secretaría General de la Presidencia, la oficina de Protocolo, la oficina de la secretaría y/o asistente de la Presidencia y los salones ubicados frente o contiguos al despacho presidencial, así como documentación y otros elementos
Durante la operación, fueron allanados simultáneamente locales de otros investigados, como el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, el gerente de HPO, Muslaim Abusada Sumar, y la empresaria Karelim López, señalada como lobista (cabildera) de la venta investigada.
El tema se hizo público cuando la prensa difundió la versión de que HPO fue favorecida en el suministro de bio-combustible después de una reunión entre el presidente Castillo, Chávez, Abusada y López, quienes lo niegan rotundamente.
Según la fiscal Córdova, el registro de las oficinas del palacio de gobierno apuntan a confirmar o descartar que los nombrados se hubieran reunido.
jha/mrs
