“Jeannine Áñez no es una perseguida política, basta de mentir, cumplan por su error y delitos que han cometido, el pueblo pide que la exsenadora sea sancionada también por lo sucedido en Senkata y Sacaba, y responder por las muertes que no se negocian, y menos se dejan en la impunidad”, aseguró en referencia a decenas de asesinados y heridos.
En el expediente conocido como Golpe de Estado I abierto en diciembre de 2020 a partir de una denuncia de la exdiputada Lidia Patty, la exgobernante de facto y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán son acusados de sedición, conspiración y terrorismo.
Como eje central esta causa tiene las acciones violentas desatadas sobre todo en Senkata y Sacaba después que la expresidenta no elegida dictó y aplicó el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en la represión contra los sectores sociales movilizados.
A inicios de esta semana el Comité Impulsor del Juicio Contra Golpistas de 2019 exigió públicamente que otros funcionarios vinculados a los servicios de seguridad sean incluidos en el sumario debido a su presunta vinculación con la asonada.
El líder de esa comisión, Aldo Michel, demandó ante la prensa que en el juicio sean acusados el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
Interrogada sobre la instalación y posterior suspensión este jueves del juicio oral contra Añez y un grupo de jefes militares por el caso Golpe de Estado II, Quispe dijo que el pueblo boliviano esperaba este momento y los administradores de justicia deben cumplir con todas las normas y procedimientos que corresponden.
En este sumario la exmandataria de facto junto a los principales jefes de las Fuerzas Armadas y el de la Policía son investigados por los hechos de noviembre de 2019 antes que la exsenadora se autoproclamara presidenta, por lo cual se les acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones anticonstitucionales.
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