La doctora en Ciencias Jurídicas y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Matanzas, Yairis Arencibia, destacó que la norma, sometida a consulta popular en la isla caribeña hasta abril próximo, concede a los infantes un estatus jurídico en correspondencia con los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Una de las prerrogativas más importantes que consagra el cuerpo legal radica en el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.
Al respecto, la especialista insistió en que es un tema ampliamente estudiado en la arena nacional e internacional, pues existe en la sociedad una tendencia de padres y tutores a suprimir la voluntad de los menores bajo el argumento de falta de madurez o presunto desconocimiento sobre estas cuestiones.
En un artículo publicado por Cubadebate, Arencibia resaltó la importancia de que niños y adolescentes tengan acceso a información científica y educación en aspectos relativos a su sexualidad o reproducción, de lo que se hizo eco incluso la jurisprudencia a nivel internacional.
De esa manera, el menor puede ser capaz de comprender mejor las expresiones de su sexualidad, afrontar los cambios que se producen en su cuerpo y en su psiquis-fundamentalmente durante la adolescencia- y expresar sus opiniones respecto a cómo desea proyectarse en este ámbito de su vida, alerta el artículo.
Además, explica que para esclarecer entre distintos intereses cuál se aviene en mayor medida al interés superior del niño, se debe decantar por aquella decisión que permita la verificación de la mayor cantidad posible de sus derechos.
“Se protegerá entonces su interés superior cuando las acciones pretendan su desarrollo integral, ofrecerle una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que precisa de acuerdo con su edad”, esclareció.
La también vicedecana de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la casa de altos estudios, alabó la intención de los redactores del nuevo texto normativo de tener en cuenta los derechos del niño a la información, a crecer en un ambiente libre de violencia, a la identidad y a la comunicación familiar.
El texto alude a que la responsabilidad esencial sobre los menores corresponde en el orden primario a la familia, para lo que es preciso la existencia de ambientes seguros, y resultan relevantes igualmente los roles institucionales.
El cambio de paradigma radica en transformar la forma de apreciar, representar y reconocer las necesidades de los niños, en lo que tienen responsabilidad no solo los progenitores, sino también el resto de la familia, la sociedad y el Estado, remarcó Arencibia
gas/lrg
