El pleno congresal ha sido fijado para el 8 de marzo por la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, pero el mandatario pidió adelantar la sesión al 28 de febrero, en función del plan de trabajo gubernamental.
Explicó que el Gobierno tiene temas urgentes, como la reapertura de las escuelas en marzo próximo, tras dos años de cierre y de clases por Internet, debido a las restricciones determinadas por la pandemia de Covid-19, lo cual demanda coordinaciones entre los ministerios.
Hizo la propuesta “en aras de trabajar volteando esta página de dimes y diretes”, referencia a la constante confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo que ayer entró en una tregua pactada por el Congreso y la bancada del partido gobernante, Perú Libre.
En una visita a la norteña región de Lambayeque, dijo que esperar hasta el 8 de marzo la presentación del gabinete en busca de su ratificación parlamentaria, limita el cumplimiento de los planes de trabajo del Gobierno.
La fecha fijada por el Parlamento fue aceptada ayer sin discusión por el nuevo primer ministro, Aníbal Torres, quien dijo que el Gobierno aceptará lo que decida el Legislativo, sea favorable o desfavorable.
Entretanto, continúa la controversia en torno al pacto de tregua política, así como el escepticismo de diversos sectores sobre su solidez y su durabilidad.
De otro lado, Castillo declaró que alista un pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de que envíe una misión internacional para que se instale en Perú y luche contra la corrupción e investigue además a gobiernos anteriores y pueda aplicar sanciones.
El exconsejero presidencial Alberto Adrianzén consideró inaudito el anuncio, atribuyó la idea al embajador de Perú en la OEA, Harold Forsyth, y dijo que se trata de un atentado “contra una política exterior soberana y progresista” que el Gobierno debería practicar.
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