El proyecto se presentó por el congresista de izquierda Guillermo Bermejo y abarca a autoridades y pobladores de comunidades indígenas, miembros de asociaciones, fundaciones, grupos sociales, organizaciones campesinas y sindicalistas.
Plantea la extinción de los delitos imputados a quienes hayan participado en huelgas, manifestaciones, marchas u otras protestas sociales realizadas en espacios públicos y privados, por reivindicaciones para la comunidad u otra colectividad.
Señala que el Ministerio Público y el Poder Judicial dejarán sin efecto toda denuncia, investigación, proceso penal, sentencia y cualquier otra medida contra los participantes en protestas, y las autoridades dispondrán la inmediata libertad de quienes estén detenidos o encarcelados.
Las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos denuncian constantemente la criminalización de las protestas sociales que muchas veces se traducen en largo juicios y detenciones de participantes en movilizaciones por sus reclamos.
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