La directora de monitoreo de Cristosal, Rina Montti, denunció recientemente la falta de políticas públicas para ayudar a estas víctimas, muchas de las cuales no denuncian los factores que las obligan a dejar sus hogares.
«La mayor parte de las personas no denuncias porque no creen que la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República haga algo, o porque temen represalias», explicó Montti, citada por medios locales.
La investigadora agregó que Cristosal atendió en los últimos seis meses a 38 casos de desplazamiento forzado relacionados con una desaparición, un fenómeno cuya alza contrasta con la disminución de los homicidios.
El Salvador cuenta con una Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, pero su implementación es insuficiente para la cantidad de casos.
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