“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió al presentar las conclusiones preliminares tras una visita de trabajo, iniciada el 15 de febrero.
Refirió que sostuvo una reunión de trabajo de más de tres horas con familiares y compañeros de las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, y al igual que el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cifró en 37 las muertes registradas entre el 11 y el 19 de noviembre.
Al respecto lamentó que “pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación” y deploró que tras esos hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos no se cuente con sentencias.
Consideró que, en este caso, su visita “contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia”.
García-Sayán reconoció el papel del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sobre la materia.
“He visto con interés cómo el Procurador General está proponiendo, o va a proponer, legislación para atender mejor esos casos”, declaró ante la prensa.
En estos términos se refirió a la mesa interinstitucional que este lunes fue conformada por el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el objetivo de dar un seguimiento a los procesos judiciales derivados del “golpe blando” ejecutado tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
Con el pretexto de un supuesto fraude del gobernante Movimiento al Socialismo, políticos neoliberales en complicidad con los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y La Paz promovieron una serie de protestas que derivaron en la toma de edificios y el secuestro de funcionarios y familiares.
Un apresurado informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con afirmaciones que nunca fueron demostradas sobre supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral y la presión de militares y policías forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre.
En este contexto y de manera anticonstitucional dos días después la exsenadora Jeanine Áñez se autoproclamó gobernante de facto, y apenas 48 horas después rubricó junto a varios de sus ministros el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a las fuerzas represivas.
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