“La última resolución del @ComiteProSC demuestra que dejó de luchar por los intereses de #SantaCruz para buscar un pacto de impunidad en los casos de @JeanineAnez y @CalvoRomuloSC”, aseguró Lima en un tuit.
El titular afirmó en esa red social que “la justicia y la dignidad no se negocian; debido proceso se enfrenta con argumentos, no con amenazas”.
La víspera, los asistentes a la denominada Asamblea de la Cruceñidad acordaron realizar un paro el 4 de marzo próximo en contra de lo que denominaron “arbitrariedades e injusticias cometidas por miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y otras autoridades del Gobierno”.
También para ese día, dispusieron una vigilia a las puertas de instituciones públicas, al estilo de las realizadas en noviembre de 2019 durante lo que el Movimiento al Socialismo denominó «golpe de Estado blando».
El foro realizado en el departamento de Santa Cruz expresó su apoyo a la exgobernante de facto encarcelada y reclamaron que se cumpla el debido proceso en los juicios conocidos como Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.
En el primero Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán son acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los crímenes cometidos después que la autoproclamada mandataria firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078.
La normativa exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por los crímenes cometidos durante la represión a los manifestantes.
Tal uso de la fuerza dejó un saldo de 37 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el segundo expediente, Áñez y los más altos exjefes militares y policiales de Bolivia son imputados por asumir resoluciones inconstitucionales e incurrir en incumplimiento de deberes con el objetivo de facilitar que la exsenadora se adueñara de hecho de la silla presidencial.
Los asambleístas también respaldaron al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en arresto domiciliario a la espera del proceso que se le sigue por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.
Igualmente, exigieron garantías procesales en los expedientes abiertos contra miembros de la ultraderechista Resistencia Juvenil Cochala, policías y militares implicados en la violencia desatada en torno al golpe que depuso el 10 de noviembre de 2019 al expresidente constitucional Evo Morales.
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