En un discurso ante pobladores del municipio de Puente Piedra, en el norte de Lima, dijo que está decidido a trabajar por el país hasta el último día de su administración, el 28 de julio de 2026.
Las minorías deben someterse a las mayorías y no daremos tregua a un pequeño grupo que no concibe que un hombre de pueblo tenga el derecho como cualquier otra persona de asumir un mandato constitucional. No daremos marcha atrás, agregó el mandatario.
Aludió así tácitamente a intentos de acortar su mandato, por parte de opositores que, aprovechando insuficiencias y errores del Ejecutivo, barajan opciones para declarar vacante la presidencia por incapacidad moral permanente del mandatario.
Otra opción es acusarlo constitucionalmente, para lo cual un grupo de abogados extrema derecha han presentado al parlamento opositor una acusación por supuesta traición a la patria, en la cual le imputan la negada intención de ceder territorio a Bolivia.
El mismo cargo está incluido en otra denuncia de la congresista de similar tendencia Patricia Chirinos, que añade un rosario de imputaciones y propugna además reformas legales para viabilizar el retiro del gobernante.
“Vamos a ser respetuosos del marco constitucional y no daremos marcha atrás en darle dignidad y derechos al pueblo”, afirmó Castillo en su alocución.
Desestimó además exigencias opositoras para que retire a varios integrantes del gabinete ministerial que el 8 de marzo comparecerá ante el parlamento en busca de que este lo ratifique con un voto de confianza.
Por su parte, el nuevo primer ministro, Aníbal Torres, declaró ayer que la confianza parlamentaria para el gabinete está en duda y si el Legislativo la niega, acatará su decisión, mientras parece fracasar una tregua política entre el Gobierno y las bancadas de oposición más dura.
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