En una conferencia de prensa sobre diversos temas, Torres respondió que no hay traición a la patria en declaraciones del mandatario en sus declaraciones a favor del anhelo boliviano de una salida de Bolivia al mar por territorio peruano.
Recordó que el gobierno neoliberal de Alberto Fujimori cedió por 99 años al país vecino una franja de playa en el sur de la costa peruana mediante acuerdos que fueron ampliados por el gobierno de similar tendencia de Alan García (2001-06) y en ambos casos nadie lo cuestionó.
“Ahora, cuando el presidente un profesor rural, hay que atacarlo, sin que él haya dicho de ceder soberanía en territorio peruano”, agregó al desestimar el cargo.
Por otro lado, el ex presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, antes de visitar a Castillo en el palacio de gobierno, negó validez a la acusación de traición aceptada por el parlamento de mayoría opositora y pendiente de un largo procedimiento.
Explicó que la traición a la patria se aplica a quienes actúen contra la soberanía nacional pero, como un comentario ante la prensa no es una decisión ni acción, los autores de la denuncia apelaron al recurso de acusar a Castillo en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
De esa manera, indicó Salaverry, le aplican un código militar, según el cual comete traición quien de cualquier manera afecte la soberanía nacional, incluso de palabra. “Pero ese código fue anulado hace décadas”, dijo.
La acusación de traición a la patria, por ser este uno de los pocos delitos por los que puede ser juzgado un presidente en funciones, es una de las opciones que la extrema derecha utiliza para deshacerse de Castillo mediante su suspensión o destitución, posibilidad que es objeto de controversia jurídica.
Entretanto, el congresista Jorge Montoya, que paralelamente promueve una moción de vacancia (destitución) contra Castillo, siguió recaudando firmas para reunir las 26 necesarias para presentar el proyecto.
Una vez ingresado el proyecto, se votará su admisión a debate, lo cual requiere el apoyo de 40 por ciento de los 130 congresistas, o sea 52 votos, y la aprobación de la vacancia exige una mayoría de dos tercios, lo que equivale a 87 votos.
Un primer intento de vacancia fracasó en diciembre pasado porque no logró siquiera los 52 votos necesarios para que la discuta el pleno congresal.
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