Edwin Quispe, secretario de la Fiscalía General del Estado, confirmó que en la causa denominada Armamento No Letal-Ecuador, Lizárraga está acusada de “los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”.
Según el representante del Ministerio Público, la extitular facilitó que agentes químicos de Ecuador ingresaran al país a partir de lo acordado en una reunión realizada el 15 de noviembre de 2019 junto a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.
Tras esa discusión acerca de cómo incrementar la represión contra los manifestantes que se oponían al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, Lizarra contactó con los mandos policiales ecuatorianos y les solicitó el armamento correspondiente.
A partir de esa petición, entraron a Bolivia “de manera irregular” equipos antimotín, gases y demás explosivos”.
Precisó el secretario de la Fiscalía General que ese arsenal consistió en cinco mil unidades de granadas de mano LG-302, dos mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 de corto alcance de ese mismo calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Según Quispe, la acusada fue citada el 25 de febrero del año en curso mediante edicto con la imputación correspondiente, sin embargo no concurrió.
Agregó que de acuerdo con los tipos penales se avanza en la tramitación correspondiente para la declaratoria en rebeldía y que se habiliten los canales procesales para su captura nacional o en el extranjero.
La Fiscalía remitió la imputación al Juez Décimo de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia paceño, al cual solicitó la aplicación de acciones cautelares de carácter personal como el arresto preventivo en contra de Lizárraga, durante un semestre en el reclusorio femenino de Obrajes, en La Paz.
“Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, aclaró Quispe ate representantes de medios periodísticos.
Al final de una reciente misión de trabajo en Bolivia, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, instó a priorizar la aplicación de la justicia respecto a las masacres cometidas durante el régimen de Áñez, y lamentó que tras dos años no se cuente con sentencias.
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