“Se recapturaron a 10 personas beneficiadas ilegalmente por malos jueces, dos por el delito de feminicidio, dos por violación, seis por asesinato a mujer o menores antes de la tipificación del feminicidio como delito”, confirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La titular afirmó ante la prensa que desde el primer día de la constitución de este comité investigador por instrucciones del presidente Luis Arce se evidenciaron los resultados.
Prada lamentó que en la base de todos estos casos está la actuación encubridora y delincuencial de “malos jueces” que, mediante consorcios, se dedican a liberar a sentenciados sin derecho de indulto.
A guisa de ejemplo recordó el caso que calificó de “escalofriante” del asesino y violador serial Richard Choque Flores, quien tras ser puesto en libertad por el exjuez ahora procesado Rafael Alcón incurrió en nuevos delitos de violación y feminicidio.
La ministra informó que como resultado de la intervención de todos los juzgados penales, hasta el momento son imputados nueve jueces, de los cuales cuatro están arrestados, uno permanece con detención domiciliaria y otro cuarteto se encuentra en fase investigativa.
Como parte de esta operación depuradora, tres personas de apoyo judicial y dos abogados también resultaron detenidos por estar involucrados en ilícitas para lograr la liberación de condenados, se informó.
Resaltó que solo la pesquisa en torno al expediente de Choque Flores condujo al encarcelamiento de 11 personas: el asesino y violador serial, el exjuez Alcón, dos abogados, un médico, dos trabajadores sociales, un exfiscal y tres familiares cómplices.
En fecha coincidente con las declaraciones de Prada, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a representantes de medios periodísticos la recaptura de Abraham Peters Dick, quien pagó 25 mil dólares para lograr su libertad, pese a una sentencia de 25 años de cárcel sin derecho a indulto.
Peters Dick violó a 150 mujeres en una colonia menonita en Santa Cruz y estaba sancionado, pero en 2018 logró su libertad con el favor de una red delictiva integrada por su abogado, un juez y un sociólogo, según la investigación.
Del Castillo agregó que el recapturado confesó la cifra entregada a su defensor, Juan Carlos Z., para que tramitara su libertad en forma irregular.
“Este dinero fue entregado a su abogado, quien tuvo el contacto con el director del hospital El Bajío de drogodependientes, donde supuestamente tendría que cumplir parte de su condena hasta que se rehabilite, sin embargo, este sujeto jamás pisó ese lugar”, concluyó el titular.
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