Las pesquisas del caso, denominado “asesores en la sombra”, se desarrollará durante 60 días, plazo que podrá ampliarse hasta 360 días, indica la orden de Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Contra la Criminalidad Organizada.
Los investigados son el subsecretario general de la Presidencia, Beder Camacho y los asesores Biberto Castillo, Jaime Idrogo, Wilson Petrel, Rodolfo Ramírez, Franco Pomalaya, José Cristóbal Quispe y Sandra Paico.
La Fiscalía, que parte de la presunción de que los indagados conformaban una organización criminal al constituirse en un grupo que usurpaba funciones ministeriales y recoge en tal sentido una denuncia del ciudadano Juan Carlos Ramírez.
También se basa en declaraciones periodísticas de la ex primera ministra Mirtha Vásquez; los extitulares de Economía Pedro Francke; Interior, Avelino Guillén, y Energía y Minas, Eduardo González, así como el ex secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Jaico.
En esas declaraciones, los nombrados han hablado de un entorno de funcionarios que influye negativamente en el mandatario y toma decisiones que no les corresponden, o han hablado de un “gabinete en la sombra”, por lo cual la Fiscalía dispuso que se les tome sus testimonios.
El sub secretario Camacho declaró tras el anuncio que el denunciante Ramírez ha declarado que no presentó la acusación y que los autores, no identificado, tomaron su nombre en falso, por lo cual pidió que la misma sea anulada.
Negó que los funcionarios indagados conformen un “gabinete en la sombra”, a tiempo de asegurar que solo se dedican a tareas de apoyo al presidente, sin participar en decisiones ministeriales.
Camacho asumió como encargado la Secretaría General de la Presidencia, tras la renuncia del titular, Bruno Pacheco, quien dimitió en noviembre pasado por acusaciones de realizar gestiones indebidas ante organismos públicos, a favor de intereses privados.
Bruno es investigado por esos trámites y por gestionar ascensos militares ante altos mandos de las Fuerzas Armadas, así como por desbalance, pues no pudo justificar la posesión de 20 mil dólares en efectivos encontrados en su oficina, en un registro a cargo de fiscales que investigan su caso.
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