Ante la imposibilidad natural o por orientación sexual de tener descendencia, el cuerpo legal, de aprobarse, permitirá a todas las parejas recurrir a técnicas de reproducción asistida para formar una familia con lo que se establece protección jurídica para la ampliación en el uso de un servicio médico que, con restricciones, desde hace años se emplea en el país.
De esta forma se fortalecen las posibilidades de la sociedad para enfrentarse a fenómenos como la baja tasa de natalidad o las transformaciones que se están produciendo en las paternidades y maternidades.
Desde 1986 en Cuba se emplean tecnologías para la reproducción asistida, pero circunscritas a aquellas parejas heterosexuales que presentaban problemas de infertilidad, según detalló a la televisión nacional Miladys Orraca, presidenta de la Sociedad Cubana de Desarrollo Familiar.
En la actualidad la isla cuenta con cuatro instalaciones de alta tecnología organizadas en una red que incluye consultas especializadas en cada municipio a nivel de atención primaria de salud además de centros provinciales.
Orraca significó que el Programa de Atención a la Pareja Infértil permitió que cientos de personas formaran una familia mediante técnicas muy costosas, pero que el sistema de salud cubano ofrece de forma completamente gratuita y con indicadores de efectividad similares a los del llamado Primer Mundo.
A juicio de la especialista el reconocimiento del derecho a la gestación solidaria impone un reto para los especialistas cubanos en este tema, quienes ya se preparan técnicamente, se adquiere nuevo equipamiento y se actualizan reglamentos y protocolos.
Ana María Álvarez-Tabío, profesora universitaria de Derecho, dijo en una mesa redonda sobre el tema que el amparo legal a este proceder reconoce una realidad que existe en el país y que actualmente está desprotegida jurídicamente.
La especialista subrayó que esta práctica es ajena a la mercantilización de la mujer por lo que se han dispuesto tres controles para su aprobación: legal, sanitario y judicial, este último una novedad, que establece la obligatoriedad de una autorización de un tribunal para utilizar técnicas de fertilidad.
Para Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, los aportes de esta novedad jurídica cuentan con argumentos desde la ciencia, el marco jurídico y las transformaciones que se han producido en el ámbito filial cubano. El proceso de consulta popular demuestra que la población valora estas realidades y es necesario protegerlas jurídicamente para que el país avance en la igualdad y solidaridad bajo los principios de una sociedad socialista, añadió la también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Luego de más de 45 años de vigencia con sucesivas actualizaciones, Cuba se prepara para actualizar el Código de las Familias, que al igual que su versión anterior, se somete a consulta popular y en el segundo semestre del año será sometido a un referendo popular.
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