“Ordena al investigador asignado al caso u otro funcionario de la Policía Nacional, aprehenda y conduzca ante mi autoridad al ciudadano Marco Antonio Amaru Flores”, asegura el auto emitido por el fiscal Wilson Medrano.
Fuentes de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción informaron a la prensa que en julio de 2021 resultaron detenidos en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, tres individuos implicados en el feminicidio de la víctima identificada como Janett F.
Eliot Mamani era uno de ellos, pero fue favorecido por el magistrado del Juzgado Primero de Instrucción de lo Penal, Amaru, quien le concedió detención domiciliaria con la justificación de que padecía una enfermedad terminal.
Sin embargo, la revisión del caso evidenció que el juez mantuvo una relación de amistad con el acusado de feminicidio e incluso lo defendió junto a otros abogados en otro proceso por narcotráfico.
Los investigadores establecieron que los letrados Evaristo Miguel T., Ricardo H.P. y Adolfo C. lograron que una Acción de Libertad a favor de Mamani llegara hasta el despacho de Amaru para que este concediera la tutela, como ocurrió.
El Ministerio Publico sostuvo en nota circulada a los medios periodísticos que, tras la evaluación de los acontecimientos, existe la convicción de que Amaru incurrió en los delitos de prevaricato de juez o fiscal y consorcio entre responsables del servicio de justicia.
La víspera, Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, confirmó la instauración de 76 procesos contra malos administradores de la justicia, al concluir la intervención de los juzgados de ejecución penal.
“Hemos llegado a establecer aproximadamente 76 procesos penales y más de 800 casos de irresponsabilidad disciplinaria”, aseguró el magistrado.
Molina afirmó en entrevista cpn el canal Bolivia TV que la investigación de más de mil expedientes en todo el país se realizó en cumplimiento de una instrucción de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, creada por indicaciones del presidente Luis Arce.
Describió que es la primera intervención realizada en 23 años del Consejo de la Magistratura e insistió en que se trataba de un trabajo necesario.
El funcionario de alta jerarquía judicial aclaró que con esa investigación se pretende hacer más transparente la labor de los profesionales del sector.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por su parte, informó que la detención de 10 reos liberados por autoridades corruptas y nueve jueces procesados es el resultado de la Comisión Revisora de Casos de Violación y Feminicidio tras su labor de un mes.
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