“Llegamos a La Paz una delegación de la CIDH liderada por el comisionado Joel Hernández y la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum para instalar la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI”, escribió en un tuit Jaime Vidal, quien presidió ese comité independiente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional, en tanto, confirmó que este martes a las 13.l5 (hora local) tendrá lugar el acto de firma del Plan de Trabajo de la Mesa de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI Bolivia.
Participarán en esta ceremonia el canciller del país altiplánico, Rogelio Mayta, el ministro de Justicia, Iván Lima; la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, y su comisionado relator Joel Hernández.
Los expertos del GIEI investigaron los hechos de violencia y muerte ocurridos entre octubre y diciembre de 2019, tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la imposición del gobierno de facto, el 12 de noviembre, con Jeanine Áñez a la cabeza.
Apenas 72 horas después, la autoproclamada mandataria firmó y promulgó el decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales que reprimían a quienes protestaban contra la ruptura del orden constitucional.
En este contexto ocurrieron los acontecimientos que los expertos calificaron como masacres en Senkata, ciudad de El Alto, y Sacaba, en Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por impactos de balas.
Tras una visita de trabajo a Bolivia en febrero último, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, instó a priorizar la aplicación de la justicia respecto a los crímenes cometidos por el gobierno de facto en 2019.
“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió al presentar las conclusiones preliminares.
Refirió que sostuvo una reunión de trabajo de más de tres horas con familiares y compañeros de las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, y al igual que el informe conclusivo del GIEI cifró en 37 las muertes registradas entre el 11 y el 19 de noviembre de 2019.
Al respecto lamentó que “pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación” y deploró que tras esos hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos no se cuente con sentencias.
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