“El día de hoy en la iglesia de Senkata (…) se armará un mecanismo de seguimiento (a las recomendaciones) del Grupo Interdisciplinario del GIEI- Bolivia”, aseguró en entrevista al canal Bolivia TV la representante de las víctimas de ese crimen, Gloria Quisbert.
La activista informó que en esa parroquia se reencontrarán familiares y sobrevivientes de la acción represiva cometida en noviembre de 2019 tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales para exponer sus testimonios a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Agregó que en la reunión estarán presentes personas llegadas de diferentes zonas del país, quienes sufrieron la represión del gobierno de facto.
Explicó Quisbert que la visita de la CIDH constituye un escenario adecuado para exigir justicia y que los delitos del régimen golpista no queden en la impunidad.
Acotó que decenas de familias perdieron a sus seres queridos, y otros quedaron con secuelas por las agresiones sufridas.
El GIEI estableció 36 recomendaciones en la pesquisa realizada en 2019 para el Estado Plurinacional, la sociedad civil y la CIDH.
Resaltan entre ellas la adopción de un plan de atención y reparación integral a las víctimas, diseñar e implementar un sistema administrativo y de justicia ágil, transparente y pluralista.
Así mismo, sugirió incorporar un procedimiento para realizar un censo de los perjudicados y promover actos públicos para reconocer la dignidad de todos los afectados.
Sin embargo, tras una visita de trabajo a Bolivia en febrero último, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, instó a priorizar la aplicación de la justicia respecto a los crímenes cometidos por el gobierno de facto en 2019.
“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió al presentar las conclusiones preliminares.
Refirió que sostuvo una reunión de trabajo de más de tres horas con familiares y compañeros de las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, y al igual que el informe conclusivo del GIEI cifró en 37 las muertes registradas entre el 11 y el 19 de noviembre de 2019.
Al respecto lamentó que “pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación” y deploró que tras esos hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos no se cuente con sentencias.
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