Con más de 10 años de labor en el tratamiento de conflictos familiares, el joven jurista aseguró, en diálogo con Prensa Latina, que este reto alcanzará tanto a los tribunales de justicia como al quehacer notarial, llamados a implementar el amplio catálogo de derechos incluidos en el cuerpo legal.
El Código en consulta con la población hasta abril revoluciona las concepciones tradicionales de la familia resultante del matrimonio como única vía de constitución -manifestó- para acoger otros modelos existentes en la sociedad, y que pueden formarse por diferentes vías, entre ellas la unión de hecho afectiva.
Se trata de nuevos paradigmas recogidos en la Constitución aprobada en el 2019, y que dedica espacio a aspectos tan puntuales como los afectos, “una categoría proveniente de la Psicología y que el Código incorpora, aunque es Brasil el país que por vez primera lo utiliza en su jurisprudencia”.
Entre los aspectos fundamentales de la disposición jurídica, Echevarría destacó la incorporación de un grupo de principios del derecho de familias, como el de pluralidad, no discriminación, respeto a la preferencia y autonomía de las personas en situación de discapacidad y de los adultos mayores, entre otros.
Todo ello constituye una novedad y a la vez un reto para los profesionales del Derecho, a los cuales se suma el carácter transversal del tratamiento a la violencia intrafamiliar, subrayó el especialista.
La correspondencia entre los contenidos del texto con normas internacionales suscritas por Cuba centrará también la atención de los juristas, aunque en casos como las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño, los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –advirtió- se utilizaban con anterioridad en la isla para dirimir conflictos.
Al establecer una conexión entre el Código y estos tratados, abundó que el término responsabilidad o responsabilidad de los progenitores aparece en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en alrededor de 14 ocasiones, y el de “responsabilidad parental” se utiliza específicamente en sus Fundamentos.
De igual manera, la nueva disposición bebe del derecho comparado, al tomar como referente las legislaciones más avanzadas en esta materia, entre ellas el Código Civil y Comercial de la Argentina, que en uno de sus libros dedicado a las familias utiliza también la expresión responsabilidad parental.
De ahí que la norma cubana la asuma para sustituir el viejo concepto de patria potestad.
“Busca sentar un nuevo paradigma de entender las relaciones parentales, de un modelo basado en el poder absoluto de los padres sobre sus hijos, a uno donde cada vez más democrático y donde los niños en la medida que crecen tienen mayor participación en la toma de decisiones”.
Echevarría habla desde su experiencia como abogado del Bufete Especializado de Recurso de Casación, donde ha logrado –por ejemplo- que un tribunal conceda la guarda y cuidado de un menor a favor de la abuela, porque ha sido lo mejor para el interés superior del niño, al fallecer la madre y no tener vínculo afectivo con el padre.
Son realidades sociofamiliares existentes en la Cuba de hoy que el proyecto tratará de regular, insistió, y ello supondrá mayores involucrados en las partes que intervienen en los procesos como demandantes o como demandados y, por tanto, una mayor actuación de los entes judiciales.
En ese sentido, puntualizó que la Ley de Tribunales de Justicia aprobada el pasado año por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y vigente desde el mes de enero determinó la creación de Salas de Familia en los tribunales municipales, provincial y Supremo, lo cual tributará a una mayor especialización en estos temas.
“El Código deberá proyectar también, tras su posible aprobación, modificaciones a otras normas jurídicas, como el Código Civil o la Ley de Registros del Estado Civil, para atemperarlas a sus contenidos”, señaló.
El rigor en la aplicación de estos contenidos deberá ser la máxima para los profesionales de esta rama en Cuba, por lo que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos inició las acciones de capacitación desde la publicación de la versión 22 del documento, el cual ya cuenta con dos actualizaciones más, a partir del intercambio con expertos y diputados.
“Académicos, profesores titulares en materia de derecho de familia y abogados han impartido talleres, seminarios y en este periodo de pandemia también conferencias online, aprovechando las bondades de las tecnologías, y se prevé que en el futuro esas acciones se incrementen”, insistió el abogado.
La edición 24 del Código de Familias que se somete a la consulta con los ciudadanos será enriquecida a partir de sus criterios y conformará una nueva versión, sobre la cual el Parlamento deberá dar luz verde, para luego ser votada en referendo.
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