“La autoridad jurisdiccional para que pueda emitir la orden de aprehensión, justamente ha establecido de que primero se haga un oficio a la Dirección de Migración, justamente se haga la publicación de edictos, que son requisitos formales”, aseguró el representante del Ministerio Público Junior Flores.
Agregó la autoridad que una vez cumplidos esos trámites por la comisión de fiscales que trabaja el caso denominado Armamento No Letal-Ecuador, se remitirá el mandamiento de aprehensión.
Lizárraga es investigada en esta causa por su presunta “participación directa” en la importación y traslado irregular en noviembre de 2019 de agentes químicos consistentes en cinco mil unidades de granadas de mano LG-302 y dos mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros.
El arsenal también incluía 560 cartuchos de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Según declaraciones de diferentes testigos presenciales y referenciales durante las pesquisas preliminares, se estableció que esta internación ilegal se gestó el 15 de noviembre de 2019 en una reunión del gabinete de Áñez con el Alto Mando Militar y policial.
Flores explicó que, tras la audiencia de medidas cautelares de la exministra del gobierno de facto, ante su inasistencia injustificada, se dispuso mediante una resolución la declaratoria de rebeldía.
“La autoridad jurisdiccional del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar ha dispuesto, mediante una resolución debidamente motivada, fundamentada y razonada la declaratoria de rebeldía de esta ciudadana conforme establece ya la norma procesal penal boliviana”, comentó.
Describió que sobre esa base es necesaria la publicación de edictos, así como la emisión del mandamiento de aprehensión y otras medidas.
Detalló que el Ministerio Público solicitó la entrega de la resolución en forma física y mediante ella se activarán los mecanismos procesales para dar con la ubicación de la investigada, e igualmente se evaluará la activación de los procedimientos internacionales correspondientes.
Lizárraga está imputada por la presunta comisión de delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes.
Al final de una reciente misión de trabajo en Bolivia, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, instó a priorizar la aplicación de la justicia respecto a las masacres cometidas durante el régimen de Áñez, y lamentó que tras dos años no se cuente con sentencias.
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