Se trata de Dan Scavino Jr, quien manejaba las redes sociales del empresario gobernante, y Peter Navarro, otrora comercial de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump (2017-2021).
El grupo de investigadores de la Cámara de Representantes del Congreso explicó que iniciará un procedimiento de desacato el próximo lunes contra ambos, por no presentarse ante el comité para ofrecer declaraciones sobre el asalto al Capitolio.
Le corresponderá a esta instancia legislativa decidir si hace una remisión formal al Departamento de Justicia, y, por su parte, será la Fiscalía de Estados Unidos la que definirá si presenta cargos contra los aliados del magnate neoyorquino.
Scavino estaba en la Casa Blanca con Trump durante el ataque del 6 de enero, según el comité, y también fue una de las primeras personas que los investigadores citaron para esclarecer los sucesos.
Por su parte, Navarro fue citado el mes pasado, quien respondió con una larga declaración indicando que no cumpliría con la solicitud de comparecencia.
De acuerdo con los investigadores, el exasesor comercial fue uno de los principales personajes que se hicieron eco de las falsas denuncias del exmandatario en torno a un supuesto robo de las elecciones.
Recientemente, Trump perdió una batalla legal para reclamar el privilegio ejecutivo sobre sus registros de la Casa Blanca, pero se desconoce aún si ese pretexto será válido para evadir la justicia si se determina su rol en los sucesos mortales del 6 de enero.
Los más allegados del neoyorquino utilizan ese recurso legal como justificación para no testificar ante el panel.
«Si el presidente Trump renuncia al privilegio, estaría encantado de testificar», dijo Navarro en un mensaje de texto.
Agregó que es ilegal que el comité persiga cargos criminales contra un oficial del más alto rango dentro de la Casa Blanca, para quien el privilegio ejecutivo se debe aplicar innegablemente.
De acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el Departamento de Justicia “no tiene mayor prioridad” y hará “todo lo que sea necesario” para que se haga justicia por los hechos mortales del 6 de enero.
Ese día, una turba de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Congreso para impedir la victoria de Biden en las elecciones de noviembre del 2020. El asalto violento dejó un saldo de cinco muertes, incluida la de un oficial del complejo.
oda/age
