Precisamente encaminado con este fin, el proceso para la aprobación de nuevas disposiciones se extiende con dicho proyecto, que tendrá como fecha de término en el debate hasta el próximo 30 de abril, antes de someterse a votación popular.
En exclusiva con Prensa Latina, la profesora titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Camagüey, Iris Cabanes comentó sobre diversos asuntos que tiene el Código de las Familias que abren ventanas para la disposición de nuevas leyes.
“Existen carencias jurídicas en nuestra sociedad, y el Código entonces te habla mucho de la mediación, aboga porque los conflictos familiares no se resuelvan en el tribunal en un litigio, sino que sea a través de la mediación de forma pacífica, teniendo en cuenta otros parámetros, pero en nuestro país no existe una ley de mediación”.
A juzgar por la especialista de la casa de altos estudios “el propio Código establece pautas para que se dicten otras normas jurídicas sin la cual el Código no sería totalmente efectivo”.
Sobre temas específicos Cabanes hace referencia a que “por ejemplo el Código trata la violencia de género, familiar, pero nosotros aún no tenemos una ley contra este tipo de violencia”, una situación que no es ajena a ninguna sociedad.
Entre sus más de 400 epígrafes y particularidades “el Código introduce además desde el punto de vista de la filiación la técnica de reproducción asistida, y aunque ya existe el proceder médico, en nuestro país no existe una ley de reproducción asistida”.
Para la profesora del Departamento de Derecho de la primera Universidad creada por la Revolución cubana en 1967, la mayor de las Antillas requiere que este Código de las Familias sea el primer paso.
“Y todo este preámbulo legislativo es necesario para tener luego una ley del adulto mayor, mejores actualizaciones del Código de la niñez, entre otras disposiciones jurídicas que vayan por el mismo sendero de igualdad”.
Cuba se moderniza en materia de leyes, en un amplio y ordenado proceso democrático, que se ha extendido recientemente con la presentación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, de proyectos de leyes de Código Penal y Ejecución Penal, con la intención de actualizar la Ley del Código Penal.
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