“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco a diez años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
En el proceso que comienza este lunes en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Áñez concurre acusada de tomar la jefatura del Senado y luego asumir la presidencia de «forma inconstitucional» y sin cumplir con las leyes cuando gobernó por un año a partir de noviembre de 2019.
Las figuras delictivas que le atribuye la Fiscalía General boliviana en esta causa son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes, ilícitas que transgreden el artículo 169 de la carta magna y el Reglamento de la Cámara de Senadores.
En relación con la vista oral programada para las 09:00 hora local, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, calificó a este 28 de marzo de “fecha histórica”.
Abogó el titular en su cuenta de Twitter porque la defensa de la exgobernante de facto no obstaculice con `chicanas`(trampas) el debido proceso y el pedido de memoria, verdad y justicia.
“Estoy seguro que mañana tendremos de nuevo excepciones, incidentes, obstáculos legales que impidan algo fundamental, discutir si hubo sucesión presidencial o golpe de Estado», consideró Lima.
La vista en la cual se busca precisar la participación de la exlegisladora de la oposición y jefes militares en la toma ilegal del poder el 12 de noviembre de 2019 debió iniciarse el 10 de febrero del año en curso, sin embargo, fue postergada debido a diversos recursos presentados por la defensa.
En este expediente están incluidos el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman (prófugo); el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, y el extitular del Ejército, Pastor Mendieta.
También están acusados el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el de la Armada, Palmiro Jarjury. Según el Ministerio Público, todos ellos ayudaron a que Áñez se encumbrara en el Gobierno.
No obstante, Terceros y Jarjuri aceptaron recientemente su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
Sobre esta base fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
mem/jpm
