El nuevo buró estará integrado por más de 200 oficiales, quienes a partir del 1 de abril serán los responsables de investigar casos graves de delincuencia cibernética dentro de la nación asiática o procedentes del extranjero, con énfasis en los ataques a las estructuras de gobierno a todas las instancias.
La ANP enviará parte de su personal a otros países con reconocida experiencia en el campo de los ciberdelitos para que ganen experiencia y participen de operaciones conjuntas.
En 2021, Japón registró más de 10 mil violaciones desde Internet, una buena parte de estas asociadas a ransomware (virus que limitan el acceso de los usuarios a su sistema o archivos personales a cambio de rescates).
A propósito, el gobierno japonés confirmó a principios de este mes una agresión electrónica a Kojima Industries, proveedor local de la empresa automotriz Toyota, que paralizó la planta durante un día y provocó la pérdida de producción de unos 13 mil vehículos.
En aquel entonces, el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, pidió a las empresas nacionales fortalecer sus medidas de ciberseguridad.
También el Ministerio de Defensa nipón presentó en marzo la Unidad de Defensa Cibernética de las Fuerzas de Autodefensa, para contrarrestar posibles ataques a través de la red de redes.
Según declaró el titular de la cartera, Nobuo Kishi, además de fortalecer sus capacidades defensivas en el ciberespacio Japón busca posicionarse en el campo de las ondas espaciales, cibernéticas y electromagnéticas para mantener el equilibrio militar entre los países.
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